Sergio Emanuel Trujano Bello
El gobierno federal de México, se conforma de dos tipos de servidores: los políticos y los funcionarios públicos. Los primeros generalmente son los que proponen o forman parte de un proyecto político, ellos ganan elecciones y prometen mejorar la situación del país y de sus pobladores. Para 2025, el poder judicial se unirá a esta dinámica de elección popular.
Comúnmente la administración pública, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene un punto medio que son los funcionarios designados directamente por los políticos que llegan al poder mediante los mencionados procesos electorales: secretarios de estado y escalafones de mayor jerarquía dentro de los entes públicos. Estos funcionarios pertenecen a los dos grupos y tienen una característica particular: son removidos comúnmente con cada alternancia en el poder.
Después, el segundo tipo de trabajador del gobierno está conformado por los servidores públicos de rangos medio y operativo. Ellos son los que se encargan de operar la maquinaria del gobierno y normalmente son trabajadores que laboran mediante contratos colectivos, sindicalizados y colaboran ejecutando cierta actividad.[1] Para ambos casos, el objetivo del trabajo debiera ser el bienestar y desarrollo del país.
No fue sino hasta el nuevo siglo, en el año 2023, que se pudo publicar la denominada Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de México, la cual establece las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. Hay algunos estados de la federación que la han replicado.
El objetivo del presente boletín técnico es presentar el estatus que guardan actualmente estos dos componentes de las leyes en México, es decir la administración pública con sus dos documentos normativos, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de México. A partir de dicho análisis, trataré de hacer el diagnóstico de si es qué la función pública, tiene como objetivo claro el de optimizar la administración y en consecuencia lograr el mayor beneficio para México y para los mexicanos.
El análisis será realizado únicamente a nivel de gobierno federal, que comprende básicamente al poder ejecutivo[2], pues como lo he mencionado, otros estados de la federación, de igual forma han expedido algunas leyes que tienen que ver, sin embargo, no será el objeto del presente boletín llegar a dicho nivel de análisis.
El marco normativo de la Administración Pública
Como se ha mencionado, la referencia de primer orden que tenemos en cuanto a la función pública y a la administración del gobierno la encontramos en el Artículo 90: “La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.”
En cuanto a la forma de administración del gobierno central, para el poder ejecutivo, podemos mencionar nuevamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que norma el accionar del poder ejecutivo y sus dependencias. El Título Cuarto de la Carta Magna establece claramente que hay penalidades para los funcionarios que caigan en actos de corrupción.
No existe dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un artículo o párrafo que mencione claramente sobre la forma de actuar o el objetivo claro de optimizar la administración del país. Sin embargo hay algunos otros documentos normativos que complementan por lo menos el cómo debe ser el comportamiento de los funcionarios, tal es el caso de El Código de Ética de la Administración Pública Federal, publicado por la transformada Secretaría de la Función Pública en febrero de 2022.
Yendo al análisis de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de México (LSPCAP), los Objetivos Principales son:
- Igualdad de Oportunidades: Garantizar el acceso a la función pública basado en el mérito.
- Desarrollo Profesional: Impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.
- Principios Rectores: Legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.
Sus componentes clave son:
- Sistema: Depende del titular del Poder Ejecutivo Federal y es dirigido por la Secretaría de la Función Pública.
- Registro Único del Servicio Público Profesional: Mantiene un registro de los servidores públicos de carrera.
- Comités Técnicos de Profesionalización y Selección: Encargados de los procesos de selección y profesionalización.
Tenemos entonces estos componentes que marcan las pautas del actuar de los servidores públicos, muchos de ellos reforzados por el férreo mensaje del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de acabar con la corrupción, sin embargo, el complementarlo con la óptima ejecución de la administración pública ¿está presente? A continuación, un breve panorama de los entes que regulan el actuar de los servidores públicos.
Situación actual del servicio público y ¿cómo se evalúa?
Leticia del Rocío Cornelio Zamudio, explica cómo se tiene ya reconocido el derecho a una buena administración pública, como un Derecho Humano[3] y cita a Rafael Bielza: “el servicio público o servidor tiene por objeto que toda actividad directa o indirecta regulada por la ley cuyo objetivo general es la satisfacción continua de las necesidades a favor de la colectividad”.[4]
Cada vez es más notoria la necesidad de verificar el actuar y la efectividad del gobierno, no sólo en México sino que, por ejemplo en Estados Unidos con la llegada del segundo mandato de Donald Trump, será creado el Departamento de la Eficiencia del Gobierno (“DOGE”, por sus siglas en inglés), al frente de Elon Musk con la finalidad de evaluar y hacer una posible optimización del tamaño del gobierno.[5]
El ente público que realiza la evaluación de los servidores públicos en México es la recién creada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.[6] Este cambio fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en octubre de 2024.[7]
Objetivos de la Transformación de la SFP:
Combate a la Corrupción: La nueva secretaría tiene como objetivo principal erradicar la corrupción y combatir la impunidad en todas las dependencias del gobierno.
Enfoque Preventivo: Se busca un enfoque preventivo en lugar de correctivo, implementando acciones desde el inicio para evitar actos de corrupción.
Modernización y Digitalización: La modernización de la administración pública a través de la digitalización y sistematización de procesos es una prioridad, con la ayuda de la Agencia de Transformación Digital.
Cambios Clave:
Nueva Estructura: La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tendrá injerencia en todas las dependencias gubernamentales, asegurando la integridad y eficiencia en la administración pública.
Formación en Integridad: Se promoverá la dignificación de la carrera del servicio público mediante la formación en integridad y acompañamiento preventivo a las instituciones.
Estos cambios reflejan un compromiso continuo con la transparencia y la eficiencia en el gobierno, buscando siempre el bienestar de la sociedad mexicana.
¿Cómo se hace la evaluación del servidor público en México?
La evaluación del desempeño de los servidores públicos en México se realiza mediante un sistema estructurado que incluye varios métodos y criterios.[8]
Métodos de Evaluación:
Cédula de Evaluación: Un instrumento que mide el desempeño a través de funciones principales, metas establecidas, factores a evaluar, y comentarios tanto del evaluado como del evaluador.
Evaluación Cuantitativa y Cualitativa: Se mide el cumplimiento de metas y la adecuación al puesto, considerando habilidades y capacidades.
Factores Evaluados:
Eficacia: Capacidad para alcanzar las metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo determinado.
Eficiencia: Logro de metas con el mínimo de tiempo y recursos.
Actitud y Aptitud: Evaluación de factores psicológicos y competencias relacionadas con el desempeño laboral.
Proceso de Evaluación:
Comités de Evaluación: Organizan y operan el proceso de evaluación y el otorgamiento de estímulos y recompensas.
Periodicidad: La evaluación se realiza de manera sistemática y periódica para asegurar la mejora continua y el desarrollo profesional de los servidores públicos.
Estos métodos y procesos aseguran que la evaluación del desempeño sea objetiva y alineada con los objetivos organizacionales.
Para complementar esta sección, mencionaré que el documento rector de cada administración sexenal es el Plan Nacional de Desarrollo, mismo que deberá ser publicado dentro de los primeros seis meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es así como el denominado Segundo Piso de la Transformación deberá de marcar los ejes de la política de Sheinbaum, los cuales seguramente estarán íntimamente ligados con su propuesta contenida en su programa de gobierno 2024-2030.[9]
Los retos del gobierno de Sheinbaum para administrar el país
No quisiera complementar el documento haciendo una sugerencia general de cual es el actuar que debe de tener el gobierno pues cada situación histórica guarda características y particularidades distintas.
En esta ocasión, con el nuevo sexenio, se denota que el actuar del conjunto de actores que ejecutan la administración del gobierno debe estar totalmente focalizada, pues no hay tiempo ya para despilfarros y en este momento con la finalidad de legitimar al movimiento, se requieren resultados.
Se debieran de crear cuadros profesionales de seguimiento constante; que aunque hay entidades auditoras, como lo es la Auditoría Superior de la Federación[10], dependiente de la Cámara de Diputados, el papel se limita a verificar la aplicación de recursos financieros. De alguna forma, a partir de los datos existentes, se debiera de medir la efectividad de la administración del país. Se deben de crear indicadores que puedan hacer la medición. Es momento de tomar modelos de lectura de indicadores, como lo son los realizados a través de especialistas en Business Intelligence o expertos en interpretación de indicadores. Una de las grandes propuestas de Sheinbaum dentro de su plan de gobierno es la de la Modernización y Digitalización, cambios tecnológicos que están muy ligados a la interpretación de la información.
El reto de administrar un país del tamaño de México es enorme y, hacerlo bien implica aún mayor esfuerzo. El crear las herramientas que permitan medir el impacto que está teniendo el gobierno de manera constante, permitirá contar con la inteligencia para enderezar el camino.
El movimiento progresista actualmente en el poder, ha promovido el cambio y transformación de las instituciones políticas, argumentando que hay entes que no han aportado lo suficiente, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública. Es necesario entonces, acompañar esta transformación con una hoja de ruta bien definida con el objetivo de crear indicadores que midan la optimización de la administración del país a manos de los principales gobernantes y funcionarios.
Se ha creado el nuevo andamiaje, como la Secretaría del Bienestar y los “servidores de la nación”, cuya finalidad es crear una nueva cultura del servicio público a través de la actitud de servicio y llevar a los antes no tomados en cuenta los beneficios del gobierno. Hacer un análisis de la composición actual de la administración pública acompañándola de una propuesta de medición continua y de interpretación de resultados impactará definitivamente de manera benéfica en el gran reto que esto significa.
[1] Ver la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976.
[2] La mencionada Ley, menciona en su artículo 1º qué: La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Párrafo reformado DOF 28-12-1994, 15-05-1996, 09-04-2012, 02-01-2013, 11-08-2014 Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.
[3] CORNELIO ZAMUDIO, Leticia del Rocío, en Perfiles de las Ciencias Sociales, Vol. 5, Núm. 10, Enero-Junio 2018, México. UJAT.
[4] Granja Galindo, Nicolás: Fundamentos de Derecho Administrativo, 5ta Edición, Editorial Jurídica del
Ecuador, 2006, P. 121
[5] https://www.bbc.com/news/articles/c23vkd57471o
[6] La Secretaría de la Función Pública (SFP) en México ha sido transformada en la nueva Secretaría mencionada.
[7] Soto, Dulce: Así quedará la Administración Pública Federal con Sheinbaum, Expansión, México, 14 de noviembre de 2024. Disponible en: https://politica.expansion.mx/congreso/2024/11/14/asi-quedara-la-administracion-publica-federal-con-sheinbaum
[8] Norma para el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos
[9] https://www.claudiasheinbaumpardo.mx/proyectodenacion
[10] La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados en México. Sus principales funciones son:
- Fiscalización de Recursos Públicos: La ASF se encarga de revisar y fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, estados, municipios y cualquier entidad que maneje recursos públicos.
- Revisión de la Cuenta Pública: Evalúa los resultados de la gestión financiera del gobierno, asegurándose de que los recursos se hayan utilizado conforme a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Verificación de Programas: Verifica que los programas gubernamentales hayan cumplido con sus objetivos y metas establecidas.
- Promoción de Sanciones: Promueve acciones y denuncias para imponer sanciones administrativas y penales en caso de irregularidades o mal uso de los recursos públicos.
- Transparencia y Rendición de Cuentas: La ASF contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del gobierno, proporcionando informes detallados sobre sus auditorías y hallazgos.
