Lic. José Ignacio Becerra Serrano
La Declaración Universal de los Derechos Humanos[1] establece, en el artículo 21, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, además de tener el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
También consigna que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, y que esta se expresa a través de elecciones, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. De este modo, la participación queda consagrada como un derecho humano y debemos entenderla y tomar los resguardos necesarios para ejercerla como tal.
Algunos de los resguardos que se deben tomar para ejercer el derecho humano a la participación se expresan en estándares para la participación efectiva. Aquí enumeramos algunos:
- Acceso oportuno a la información.
- Involucramiento voluntario.
- Participación vinculante:
- Accesibilidad Universal.
- Transparencia.
Se trata de un derecho legítimo de los habitantes de una nación democrática, que sin embargo puede ser abordado desde muy distintas perspectivas teóricas. Pero en general, se lo vincula tanto con el control de la gestión pública, como con la responsabilidad en la toma de decisiones políticas. Esto quiere decir que mientras más involucrada y activa esté la ciudadanía en el desempeño del poder político, mayores cuotas de control tendrá sobre el modo en que este último se ejerce, y mayor responsabilidad tendrá en la toma de decisiones al respecto.
Para la participación ciudadana es fundamental que la ciudadanía esté organizada, informada y comprometida con su mejoría, todo lo contrario, a lo que tradicionalmente se conoce como abstencionismo, es decir, como apatía política y desinterés respecto del funcionamiento de la sociedad.
La participación ciudadana es clave a la hora de fomentar la responsabilidad en el ejercicio de la política, tanto de parte de los representantes electos para actuar conforme a la voz del pueblo, como en este último, que expresa sus decisiones mediante la votación en consultas, referendos o elecciones.
De hecho, los gobiernos con baja o nula participación ciudadana pueden actuar a sus anchas, incurrir en la corrupción impunemente o distanciar sus políticas de las necesidades reales del pueblo, lo cual suele conducir a gobiernos infructuosos, incapaces de brindarle bienestar a la gente.
La organización y participación ciudadana es clave para mejorar la relación entre ciudadanos y gobernantes, legitimar la acción de estos últimos y fortalecer el ejercicio democráticoy republicano, disminuyendo las tasas de corrupción (y de impunidad) y garantizando el cumplimiento de los Derechos Humanos. Por lo tanto, los ciudadanos deben tener acceso a estos mecanismos para participar:
Iniciativas de ley o iniciativas populares, que son propuestas formales para la promulgación o derogación de normas, medidas o leyes que la ciudadanía puede hacerle a sus representantes ante el poder legislativo, o sea, a sus diputados.
Referendos. Un referéndum es una consulta popular que se lleva a cabo mediante una votación, con el propósito de que el pueblo apruebe o repruebe algún texto legal, como reglamentos o leyes.
Plebiscitos. Consultas directas a la ciudadanía respecto a un asunto de gran importancia para la vida pública.
Una sociedad pacífica, armónica y en progreso requiere de la intervención de todos sus actores. Los ciudadanos deben asumir el compromiso de velar por los intereses del grupo y de realizar sus aportes para la resolución de los problemas en común, actuando con responsabilidad y a su vez de manera tolerante con quienes piensan distinto.
Esto supone que la participación ciudadana trasciende el hecho de votar cada una cierta cantidad de tiempo. No alcanza con elegir a los representantes y dejar en sus manos las decisiones, sino que el avance social demanda que cada individuo se informe sobre la realidad y contribuya a la construcción del bienestar.
Trascendiendo las estructuras partidarias, la participación ciudadana puede canalizarse mediante organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, sindicatos, grupos estudiantiles, cámaras de profesionales y asambleas comunitarias, entre otras agrupaciones. Incluso puede ejercerse de forma espontánea o no organizada, como ocurre a veces cuando la gente decide manifestarse en las calles para protestar o para reclamar algo a las autoridades.
Los gobernantes tienen la obligación de facilitar estas expresiones y de escuchar todas las voces de la sociedad. Haber sido elegidos por el pueblo no les otorga vía libre para decidir y actuar ya que la sociedad es diversa y deben buscarse consensos entre los distintos sectores para minimizar los conflictos.
La diferencia entre participación ciudadana y la comunitaria y social es que a pesar de que las dos últimas hablen de un tipo de interacción especial entre la sociedad y el estado, sus objetivos tienen un enfoque en el plano social. En el caso de la participación ciudadana esta se origina y despliega en el plano social y estatal.
Se busca fomentar cada vez a las nuevas generaciones a que participen, ya que la participación de los ciudadanos ya sea social, política, comunitaria o ciudadana es de suma importancia debido a que de esta forma se establece el tipo de sociedad y de convivencia que existirá entre los ciudadanos. Además de esto, mediante la participación, se pueden lograr cambios significativos a favor de todos los ciudadanos.
Ricardo Zazueta la define como: “La intervención directa de la ciudadanía en las actividades públicas, sin estar relacionada con la participación de los partidos políticos o con el ejercicio promocional del voto…[2].Para Mauricio Merino, comenta que la participación ciudadana exige de la sociedad, un conocimiento previo y, sobre todo, una aceptación de las “reglas de juego” que se aplican en determinada sociedad. De esa manera, los ciudadanos al conocer los espacios de participación social, deciden intervenir para mejorar su entorno, pero lo deben de hacer aplicando las reglas del estado de derecho, pues de otra manera se convierten en agitadores sociales.[3]
[1] La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948.
[2] Participación Ciudadana, Porrúa, 2003
[3] La participación ciudadana en la democracia, publicado por el Instituto Federal Electoral. 2001
