Javier González

En el escenario político contemporáneo, la frase “la esperanza y la legalidad en una nueva forma de gobierno” no debe entenderse como un simple eslogan de campaña, sino como un modelo de administración pública orientado a recomponer la relación entre las instituciones y la sociedad. Este paradigma parte de una premisa fundamental: no puede haber transformación social sin respeto a la ley, ni legitimidad duradera sin confianza ciudadana.

La propuesta descansa en una simbiosis esencial: el rigor del Derecho unido a la renovación de la esperanza colectiva. Bajo esta visión, gobernar implica tanto cumplir estrictamente la normativa como generar condiciones para que la ciudadanía vuelva a creer en lo público.

A continuación, se analizan los pilares que sostienen esta visión de gobernanza.

1. La Legalidad como Fundamento Innegociable

Para que un gobierno sea justo y democrático, el ejercicio del poder debe desprenderse de la voluntad individual y someterse plenamente al Imperio de la Ley. En este esquema, cada acción gubernamental debe estar debidamente fundada, motivada y sujeta a la jurisdicción vigente.

La legalidad cumple funciones esenciales:

• Seguridad jurídica, al garantizar que las y los ciudadanos sepan qué esperar de sus gobernantes y de las instituciones.

• Justicia, al asegurar que nadie esté por encima de la normativa, combatiendo la impunidad desde la raíz y fortaleciendo el Estado de Derecho.

Sin legalidad, cualquier proyecto de transformación carece de sustento; con ella, se establecen reglas claras que permiten la convivencia democrática.

La legalidad no es únicamente un requisito formal del ejercicio gubernamental; es el principio estructural que ordena, limita y legitima el poder público. En un Estado democrático, la autoridad no emana de la discrecionalidad, sino del mandato normativo que establece qué puede hacerse, cómo y con qué límites.

Un gobierno que coloca la legalidad en el centro de su actuación garantiza que las decisiones públicas estén fundadas y motivadas, evitando arbitrariedades y fortaleciendo la rendición de cuentas. Este enfoque resulta particularmente relevante en contextos donde históricamente la norma ha sido flexible para los poderosos y rígida para la ciudadanía.

Además, la legalidad genera seguridad jurídica, un elemento indispensable para la estabilidad social y económica. Cuando las reglas son claras, previsibles y aplicadas de manera uniforme, se promueve la confianza tanto de la ciudadanía como de los actores económicos e institucionales.

Finalmente, el respeto estricto al marco legal es la vía más efectiva para combatir la impunidad. La aplicación imparcial de la ley envía un mensaje contundente: nadie está por encima de la norma, y el poder público existe para servir, no para privilegiar.

2. La Esperanza: El Motor de la Transformación Social

Si la legalidad constituye el cuerpo del gobierno, la esperanza representa su espíritu. Este concepto se materializa en la capacidad de la administración pública para inspirar a la población, especialmente en contextos marcados por el desencanto y la desconfianza.

La esperanza se construye a través de:

• Promesas de cambio real, orientadas a atender problemas históricos como la desigualdad, la exclusión social y la corrupción.

• Desarrollo con equidad, proyectando un futuro donde el crecimiento económico y social beneficie a todos los sectores de la población.

La esperanza moviliza a la sociedad, transformando el escepticismo pasivo en un apoyo activo hacia las metas comunes y en una mayor corresponsabilidad social.

Ahora, en el ámbito de la administración pública, no debe confundirse con optimismo vacío o promesas retóricas. Se trata de una expectativa racional de mejora, sustentada en acciones concretas y políticas públicas orientadas al bienestar colectivo.

En sociedades marcadas por la desigualdad, la corrupción y la desconfianza institucional, la esperanza cumple una función política fundamental: reactiva el vínculo entre la ciudadanía y el Estado. Cuando las personas perciben que el gobierno escucha, actúa y corrige, se reconstruye la confianza social.

Este motor de transformación se alimenta de resultados visibles, como el acceso equitativo a servicios públicos, la reducción de brechas sociales y el combate efectivo a prácticas corruptas. La esperanza, así entendida, se convierte en un incentivo para la participación y la corresponsabilidad ciudadana.

Más aún, la esperanza moviliza. Transforma la apatía en acción colectiva y permite que los proyectos de largo plazo cuenten con respaldo social. Sin esperanza, incluso las mejores leyes carecen de impacto; con ella, las políticas públicas adquieren sentido y dirección.

3. Innovación y Participación Ciudadana

Una auténtica “nueva forma de gobierno” implica romper con el verticalismo tradicional y adoptar un modelo de Gobierno Abierto. En este enfoque, la ciudadanía deja de ser un simple espectador para convertirse en un actor clave de la gestión pública.

Este modelo fomenta que las personas:

• Cooperen en la resolución de problemas públicos.

• Busquen y exijan transparencia informativa.

• Fortalezcan una nueva cultura de la legalidad al sentirse parte del proceso de toma de decisiones.

La participación ciudadana no solo mejora la calidad de las políticas públicas, sino que también refuerza la legitimidad institucional.

La innovación gubernamental no se limita al uso de tecnología, sino que implica un cambio profundo en la forma de concebir la relación entre el Estado y la sociedad. En este nuevo paradigma, la ciudadanía deja de ser una receptora pasiva de decisiones para convertirse en un actor activo del proceso público.

La participación ciudadana fortalece la calidad de las políticas públicas al incorporar experiencias, conocimientos y necesidades reales. A través de mecanismos de consulta, co-creación y evaluación, el gobierno puede diseñar soluciones más efectivas y legítimas.

La innovación, entonces, no solo moderniza la gestión pública, sino que democratiza el poder, generando una administración más cercana, eficiente y corresponsable.

4. El Ciclo de Legitimidad y Eficacia

La combinación de legalidad, esperanza, innovación y participación persigue un objetivo central: la legitimidad plena del gobierno. Mientras que la legitimidad de origen se obtiene en las urnas, la legitimidad de ejercicio se construye día a día mediante acciones concretas y resultados visibles.

Un gobierno es verdaderamente legítimo cuando logra ser eficaz en sus resultados y, al mismo tiempo, involucra a la población en el diseño y evaluación de sus políticas públicas. Esta dualidad garantiza que el apoyo social no sea efímero, sino una base sólida para la gobernabilidad democrática.

La legitimidad gubernamental no es un estado permanente, sino un proceso dinámico que se construye y se renueva constantemente. Si bien el respaldo electoral otorga legitimidad de origen, esta resulta insuficiente si no se traduce en resultados concretos y en una gestión responsable.

La legitimidad de ejercicio surge cuando el gobierno demuestra eficacia en la implementación de políticas públicas, pero también cuando actúa con transparencia, escucha a la ciudadanía y corrige errores. La eficacia sin participación puede derivar en autoritarismo; la participación sin resultados, en frustración social.

Por ello, el equilibrio entre ambos elementos es clave. Un gobierno legítimo es aquel que cumple objetivos, rinde cuentas y mantiene un diálogo permanente con la sociedad. Esta interacción fortalece la gobernabilidad y reduce los conflictos sociales.

En este ciclo virtuoso, la legalidad garantiza el marco de actuación, la esperanza moviliza a la ciudadanía, la innovación mejora la gestión y la eficacia consolida la legitimidad. El resultado es un modelo de administración pública más sólido, democrático y sostenible.

Conclusión: El Ideal de Gobernanza

En esencia, este modelo propone un equilibrio necesario: la legalidad proporciona el marco de actuación y la seguridad técnica, mientras que la esperanza genera la energía social indispensable para el cambio. Se trata de transitar de una administración que solo “manda” hacia una que lidera, escucha y sirve junto a su gente.

La esperanza y la legalidad, entendidas como ejes complementarios, configuran así un nuevo paradigma de administración pública capaz de responder a los desafíos actuales y de construir un futuro más justo, participativo y confiable.

Bibliografia

• Raz, Joseph. The Authority of Law: Essays on Law and Morality. Oxford UniversityPress, 1979.

• Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999.

• Barber, Benjamin R. If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, RisingCities. Yale University Press, 2013.

• Fung, Archon. Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy. Princeton University Press, 2004.

• World Bank. World Development Report 2021: Data for Better Lives.

• Beetham, David. The Legitimation of Power. Macmillan, 1991.

• Camaño, Patricio. Gobernanza y Administración Pública: desafíos y tendencias. Editorial Universidad Iberoamericana, 2018.

• Aguilar Rivera, Miguel Ángel. Administración Pública en México: reformas y desafíos contemporáneos. UNAM, 2020.